15 a 13?

Desde la Unión de Consumidores de Cataluña-UCC no encontramos ninguna palabra que encaje con la situación que se ha vivido con la AJD por este motivo el título de la presente será numérico. ¿Tienen mucho que ver los números con el que realmente se ha vivido? Pues parece que tienen un gran peso puesto que según algunas personas podrían haber traído a la “pobre” banca a pagar una gran cantidad de dinero, o, mejor dicho, en palabras textuales “graves consecuencias económicas”

Qué protección tiene el consumidor en este país? ¿Por el que se ve los únicos que protegen realmente los derechos de los consumidores son los Jueces Europeos que en el tema de las cláusulas suelo ya hizo un tirón de orejas al TS, de qué sirvió? Pues parece que el TS no ha tomado nota puesto que sigue posicionándose junto a la parte fuerte y no de las persones consumidoras que son la parte débil de la contratación.

Todo va empezar el 19 de Octubre de 2018 cuando la Sala Tercera del Tribunal Supremo (Sala competente entre otras cuestiones en materia de tributos e impuestos) en la sentencia dictada por 6 magistrados expertos en tributos se exponía que quién tenía que abonar el impuesto sobre actos jurídicos documentados en las escrituras públicas de las hipotecas eran las entidades bancarias y no los consumidores. Siendo la sala especializada en la materia sobre la que se pronunciaba creemos que era la opción acertada. El artículo 68.2 del Reglamento del impuesto está anulado, esta decisión es FIRME y, por lo tanto, no será corregida, pero con la doctrina del Pleno del TS se seguirá aplicando.

El día 20 de Octubre de 2018, el Presidente de Sala del contencioso – administrativo Luis María Díez-Picazo viendo que la banca se desplomaba decidió convocar un Pleno para que entre todos los magistrados se fijara una doctrina al respeto.

El pleno se convocó por el día 05 de noviembre y se alargó hasta el día 06 donde el resultado del cual fue 15 a 13, 15 magistrados expusieron seguir con la doctrina mantenida hasta el momento, es decir, que sea el consumidor el que pague el impuesto y 13 magistrados entre ellos los especialistas en tributos expusieron que fuera la banca la que tendría que pagar el impuesto.

Qué credibilidad mujer el sistema judicial español a los consumidores si por una vez que se posiciona a favor de ellos rectifica para que “según ellos mismos” no se produzcan graves consecuencias económicas?

Las graves consecuencias económicas las sufren diariamente los consumidores que tienen que luchar contra los abusos de las grandes empresas y a la vegada contra el propio sistema judicial.

Desde la Unión de consumidores de Cataluña-UCC confiamos en que este asunto llegará a la Justicia Europea (de hecho nuestro departamento jurídico ya está trabajando sobre el asunto) para que se protejan realmente los derechos de las persones consumidoras

SEGUIMOS TRABAJANDO POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONES CONSUMIDORAS

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