El Gobierno trata de desbloquear la Ley Hipotecaria

Hoy miércoles, está previsto que se debatan en la Comisión de Economía del Congreso50 de las 238 enmiendas que los diferentes grupos políticos han presentado al texto original del Partido Popular, según el documento de trabajo que el Grupo Socialista ha remitido al resto de grupos parlamentarios.

En contra de la práctica habitual en la comisión de Economía, esta vez las transacciones no llegan ya negociadas a la Cámara baja, sino que “está todo por debatir”, según han comentado los grupos participantes en la misma. El plazo para debates ya es apurado, puesto que sobre España pende la espada de Damocles de una multa. El motivo es que España acumula más de dos años de retraso en la incorporación a la legislación del país de esta Directiva de protección a los consumidores que es de obligado cumplimiento.

Entre los principales novedades que incluyen las transacciones aceptadas por el Partido Socialista está la de considerar nulas todas aquellas cláusulas de una hipoteca multidivisa que no cumplan escrupulosamente lo marcado por la ley. Así impone que de forma directa, cuando se coteje ese incumplimiento, el prestatario pueda solicitar que su contrato hipotecario sea considerado como si desde el primer momento hubiera estado ligado a moneda en la que perciba la “mayoría de sus ingresos”.

El texto también hace referencia a otro de los conceptos ligado a abusos generalizados por parte de las entidades financieras en los peores momentos de la crisis financiera: las cláusulas suelo.

Pese a que la Justicia europea consideró que había habido una mala práctica generalizada en la comercialización de estas cláusulas, el texto que ahora presenta el PSOE mantiene la legalidad de las cláusulas suelo, pero acotando la horquilla entre la cuantía mínima (suelo) y máxima (techo) a abonar al banco tal y como había pedido Ciudadanos y que choca con la posición que, hasta ahora, ha mantenido Unidos Podemos.

También deberán ponerse de acuerdo los políticos para dejar claras las reglas de la dación en pago. Esta opción se reconoce como una solución siempre que sea pactada entre las partes y solo en casos excepcionales de acusada vulnerabilidad del prestatario.

En general, el documento sobre el que van a trabajar los grupos está enfocado a impulsar el control sobre las entidades financieras para evitar que se repitan los abusos del pasado y arrojar transparencia al proceso de la contratación de una hipoteca y establece cosas como que el prestamista debe guardar, al menos, seis años la información precontractual y posteriormente entregarla a su cliente.

Es especialmente reseñable, la intención del PSOE de ampliar a 10 días el plazo mínimo que un posible prestatario debe tener el contrato y las condiciones de la hipoteca, para poder compararla con otras en el mercado y establece un interés de demora máximo del 3%. En el caso de que la hipoteca se realice vía subrrogación a una hipoteca previa del constructor, el futuro prestatario debe tener a su disposición toda la información 15 días hábiles anteriores.

Desde el punto de vista de la supervisión se ha establece la posibilidad de crear una autoridad independiente que controle el sector hipotecario. Por ello, el Código de Buenas prácticas dejará de ser un compromiso voluntario y se convierte en obligatorio. Además, se establece también la creación de un Registro de Sanciones en el Banco de España por incumplimiento de la Ley y permitir que las Comunidades Autónomas determinen el órgano competente para sancionar a prestamistas, intermediarios y tasadores que operen dentro de esa comunidad.

Se plantean hacer recaer sobre los bancos la responsabilidad de analizar la solvencia de los prestatarios y “de manera excepcional” de cónyuges y familiares de hasta segundo grado. A cambio el banco podría obligales también a ellos a contratar productos colaterales a la hipoteca.

Y es que pese a la lucha de las organizaciones de consumidores, los bancos podrán exigir la vinculación de la hipoteca con otros productos financieros siempre que informen adecuadamente de sus condiciones.

Tal vez uno de los puntos más conflictivos es el que, a propuesta de Ciudadanos, establece la posibilidad de que las entidades financieras ofrezca o comparta la información de un cliente para nutrir la bases de datos de los registros de solvencia, tanto público como privados. El propio documento hace una destacada salvedad a esta propuesta “La obligación de consultar bases de datos puede transaccionarse, pero hay que tener en cuenta que se estaría dando negocio a unos entes privados”, advierte el texto.