Las empresas amenazan ya con cortar luz, agua y gas por impagos acumulados

Las empresas de suministros están empezando a amenazar con cortar la luz, el agua o el gas a los clientes que no abonen de inmediato los recibos impagados acumulados durante la pandemia. El Gobierno prohibió el desabastecimiento de estos servicios básicos en el marco del ‘escudo social’ para amortiguar el impacto de la crisis sanitaria sobre los colectivos económicamente más vulnerables, pero el veto finalizó el pasado 30 de septiembre y las compañías tanto eléctricas como de agua y gas están empezando a reclamar las facturas de los últimos meses, avisando de que en caso de impago se procederá al corte del suministro en cuestión de días.

Desde el 1 de octubre el Gobierno amplió el alcance del bono social eléctrico para compensar en parte el levantamiento del veto al corte de suministros, abriendo la cobertura a afectados por ERTE, paro u otras circunstancias que supongan una pérdida sustancial de ingresos mediante la presentación de una declaración responsable. Además, permanece vigente la normativa que impide la interrupción del suministro de electricidad a los colectivos en condiciones de vulnerabilidad severa que son atendidos por los servicios sociales y a los beneficiarios del bono social que pertenezcan a unidades familiares con menores de 16 años, situaciones de dependencia de grado 1 o 3 o discapacidad reconocida igual o superior al 33%.

Pero el resto de los consumidores, entre los que se incluyen familias con problemas económicos graves y dificultades para afrontar las facturas, han quedado desamparados al no entrar dentro del colectivo considerado en condiciones de vulnerabilidad severa. Asimismo, la ampliación de la cobertura del bono social solo es válida para el recibo de la luz, de manera que estas familias se exponen adicionalmente a cortes de suministros de agua y gas (a excepción de los perceptores del bono social térmico, una especie de cheque para la calefacción en los meses invernales).

Consultados al respecto de estas situaciones que se están dando, desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico insisten en que «cualquier persona que cumpla con los requisitos de consumidor vulnerable tiene el acceso al bono social que garantiza que no se corten sus suministros». Añaden, no obstante, que en los casos de los impagos acumulados durante el estado de alarma, «no empiezan a computar los plazos, a efectos de notificación de un posible corte de suministros, hasta la primera factura impagada con fecha 1 de octubre». Además, recuerdan que existen unos plazos para los requerimientos de pago que «en ningún caso son de menos de dos meses».

Estas denuncias también han llegado al Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid. Para su portavoz, Fernando Bardera, el levantamiento de la prohibición del corte de suministros fue un «error» por parte del Gobierno, porque «mucha gente ha quedado desprotegida cuando la pandemia todavía no ha terminado». En este sentido, insiste en que «existe una vulnerabilidad más allá de los requisitos oficiales que no se ha tenido en cuenta» e indica que, «aunque se abrió la mano con el bono social, este solo implica un descuento que en el mejor de los casos llega a la mitad sobre precio base de consumo». Por todo esto, desde el sindicato reclaman que no se obligue a pagar los recibos acumulados hasta que no pase la emergencia sanitaria.

El Gobierno, por ahora, no contempla reactivar la maquinaria legislativa para subsanar estos problemas. Hay que recordar que el asunto ya fue objeto de discusión entre los socios de la coalición hasta pocas horas antes de que el Consejo de Ministros aprobase el real decreto que amplió hasta el 31 de enero de 2021 la prohibición de los desahucios y las subidas abusivas en el alquiler de vivienda, pero no extendió ni la moratoria hipotecaria ni la prohibición de cortes de suministros.