Los detalles de la nueva garantía de tres años

Ya se conocen los detalles de la nueva garantía de tres años que ha aprobado el Gobierno. Tras su publicación en el BOE, la ‘Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios’ se ha actualizado para incorporar las medidas de las directivas europeas. Una nueva normativa que amplía la cobertura de los productos de dos a tres años y forzará a las empresas a doblar el tiempo en que deben disponer de las piezas de repuesto para garantizar el ‘derecho a reparar’.

Repasamos cuál es la postura de la industria, los fabricantes y las organizaciones de consumidores para conocer el impacto que puede tener esta medida. Un aumento de la garantía que podrá repercutir en los precios de los productos al aumentar los costes para las marcas y que coloca a España por delante de la mayoría de países de la Unión Europea, que todavía mantienen los dos años.

Cuándo entra en vigor la garantía de tres años y cómo se aplicará

Los cambios de la garantía y la ley entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2022. El paso de los dos a los tres años es una garantía adicional a la garantía legal que establece como mínimo Europa. Un tiempo, el de los tres años, calculado a partir del momento de la entrega del producto.

Hasta ahora el consumidor tenía seis meses para no tener que demostrar que el producto incumplía lo acordado en el contrato de la compraventa. Ese tiempo se amplía a dos años. Pasado este tiempo, durante el tercer año de garantía, el vendedor podrá solicitar una prueba pericial para confirmar los fallos del producto.

La nueva normativa a la práctica lo que hace es aumentar de dos a tres años el derecho a obtener una solución, sea reparación o la sustitución del mismo. Antes se disponían de seis meses para no tener que demostrar que el producto fallaba, presuponiendo un fallo de fábrica. Ahora ese tiempo pasa a ser de dos años. A partir de ahí, durante el tercer año, la empresa sí podrá solicitar una segunda opinión pericial.

Otro de los cambios es la introducción del Índice de Reparabilidad, que clasifica del 0 al 10 la facilidad de reemplazo de piezas o desmontaje. Un índice que ya se utiliza en Francia desde principios de este año, pero donde en España todavía no se ha anunciado cuándo se empezará a aplicar. Los fabricantes también deberán disponer de las piezas de repuesto durante al menos 10 años, el doble de los cinco años desde su retirada que exigía la ley.

Este periodo de tiempo se aplica a partir de la fecha de retirada del producto y también entra en vigor en 2022. Es decir, si un producto deja de venderse a finales de este año, el fabricante solo deberá guardar las piezas durante cinco años. Pero si el dispositivo deja de fabricarse a partir de 2022, entonces las piezas deberán guardarse por 10 años.

Corresponde a los vendedores hacerse cargo de sus gastos para que la aplicación de la garantía legal de conformidad sea gratuita para el consumidor. En particular a los “costes necesarios para poner los productos en conformidad, en particular los gastos de envío, mano de obra y materiales”.

Dicho esto, la política de precios de las marcas depende de su estrategia y los márgenes de beneficio. Unos costes que debido a la ampliación de la garantía y la reparación serán más altos. Distintas fuentes de la industria tecnológica explican que la ampliación de la garantía sí podría afectar a los precios, pero que sería “un factor más entre muchos y sería difícil notar la diferencia”.

El impacto de esta medida no se prevé hasta más allá de 2022, fecha en la que empezará a aplicarse y las empresas empezarán a modificar sus estructuras de soporte. Por ejemplo, uno de los puntos que nos indican es el propio servicio técnico telefónico. El hecho de ampliar la garantía supondrá más tiempo para atender consultas telefónicas de reclamaciones o ejecución de la garantía, teniendo en cuenta que los dispositivos de casi tres años fallarán previsiblemente más que los de dos años.

José García, CEO del servicio postventa Anovo, explica  que “los precios fuera de garantía suelen ser caros y ahora que se amplía la garantía, muchos usuarios podrían animarse a reparar”. Un cambio que tendrá un coste para las empresas pero donde no se anima a anticipar si supondrá un aumento en el precio de venta final.

“Si de 100 teléfonos se rompe uno, pongamos que de 100 euros tengo que poner un euro. Pero si ahora se amplía la garantía, puede haber más posibilidades de rotura cubierta y el coste será mayor”, describe García. “Las empresas podrían subir el precio de venta pero no creo porque en los últimos años se ha mejorado mucho la calidad y anteriormente la tasa de fallo era mayor. Hace 6 o 7 años la tasa de fallo era como un 25% mayor. A menos fallos, volvemos como a un ciclo equivalente con los dos años”, expone.

Qué ocurre en el resto de Europa

El principio de garantía legal mínimo en Europa es de dos años para cualquier compra en tienda o en internet de un vendedor profesional con sede en la Unión Europea. Lo que ocurre es que la legislación deja margen a cada país para aplicar sus propias condiciones, pudiendo ampliar la garantía exigida como es el caso de ahora en España.

Países como Francia disponen de dos años, pero hay otros como Suecia que apuestan por periodos de garantía más largos. En el caso del país nórdico es de tres años, como España. Si bien existen otros países con periodos todavía más largos de la garantía legal, como por ejemplo Islandia o Noruega con cinco años o Irlanda con seis años.

Algunos países tienen en cuenta la vida media del producto para determinar la garantía, dándose casos como los Países Bajos donde utilizan la vida media esperada del producto, su precio o incluso el tipo de tienda en la que se compró para determinar la duración de la garantía.

En todos los casos, el responsable de la garantía siempre es el vendedor. Respecto al periodo donde el defecto de fábrica se asume por defecto, tenemos casos como Portugal o Francia que ya tienen dos años desde 2016. Un periodo al que España se unirá. Durante el último año de garantía, las empresas podrán contar con un perito. Sin embargo, en países como Malta, Polonia o Bulgaria, hay tribunales y expertos específicos para este tipo de disputas.

La antigua directiva europea sobre venta de bienes, la que estableció el periodo de dos años, es de 1999. La actual directiva 2019/771 es de 2019 y es precisamente esta la que ahora España está transponiendo a la legislación nacional. En ella no se concretaba el periodo de garantía legal extendido, pero sí se expone que el periodo mínimo donde se presupone fallo de fábrica debe ser de dos años. De ahí que España haya pasado de los seis meses a los dos años.

Por el momento la transposición de esta nueva normativa se ha realizado en Francia, donde también se ha implementado el índice de reparabilidad, y se está elaborando en Alemania y en otros países de la Unión Europea, pues la fecha límite hasta la transposición es el 1 de julio de 2021.