Volkswagen España se desmarca del ‘dieselgate’ y alega su condición de empresa importadora
Visto para sentencia. Se ha celebrado la primera y única vista oral por la demanda colectiva presentada contra Volkswagen en 2017 por el escándalo de las emisiones conocido como dieselgate. Durante el juicio, que ha tenido lugar en el Juzgado Mercantil número 1 de Madrid y ha durado tan solo un par de horas, Volkswagen España se ha desmarcado del escándalo del trucaje de motores que estalló hace más de cuatro años alegando su condición de mera importadora de vehículos y remarcando que no participa en los procesos de fabricación.
Los demandantes piden por su parte 22 millones de euros en concepto de indemnización por daños y perjuicios, que equivalen a 3.000 euros por cada uno de los 7.500 afectados que se han sumado a la denuncia. De momento, la vía civil es la única opción abierta en España para que los afectados puedan ser compensados por el escándalo de las emisiones, ya que las acciones penales contra el fabricante han sido trasladadas a Alemania bajo el impulso de la Federación de Organizaciones de Consumidores Alemanes (VZBV).
La demanda defiende que ha habido un engaño al consumidor, que además es notorio, y que el responsable es quien ha puesto el producto en el mercado.
La empresa ha decidido en su defensa llevar el debate a otro terreno: ha alegado que no hubo vicio en el consentimiento ni falta de conformidad, ya que el componente medio ambiental no fue clave en la decisión de compra de los adquirentes y que los vehículos siempre han funcionado. Añadió además que son distintos tanto el protocolo para medir las emisiones así como los niveles máximos permitidos en Europa y en EE UU, país donde estalló el escándalo, por lo que no hay lugar a comparación.
En países como Australia o Estados Unidos, Volkswagen ha llegado a acuerdos de indemnización con los consumidores. En Europa, sin embargo, ninguna jurisdicción todavía ha condenado a la firma a compensar a los usuarios —salvo en juicios empezados por particulares—, ni se ha llegado a acuerdos entre las dos partes. Por esa razón, varias asociaciones de consumidores en distintos países han tomado la delantera y han decidido presentar sus denuncias ante la justicia.
También se ha denunciado en varias ocasiones la pasividad de las Administraciones públicas españolas que tienen competencia en materia de consumo y competencia por no haber sancionado aún a Volkswagen, a diferencia de lo ocurrido en otros países. Italia, Polonia y Alemania sí han impuesto multas millonarias a la firma por manipular el software de emisiones de los vehículos. En España, la Agencia de Consumo catalana —región donde la empresa alemana tiene sede en el país— había archivado la denuncia colectiva y negado la compensación a los consumidores al alegar que el escándalo del dieselgate no viola la normativa sobre protección del consumidor. Para conocer el fallo del tribunal habrá que esperar todavía unos meses.